El Gobierno Nacional, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, condenó este lunes el crimen de Aulio Isarama Forastero, gobernador indígena de un resguardo en Chocó, cuya autoría fue asumida por la guerrilla del Eln.
De acuerdo con el Ejecutivo, se trata de un “incidente grave” que será evaluado por la mesa de conversaciones que se desarrolla en Quito (Ecuador), previo informe del mecanismo de veeduría y verificación del cese al fuego bilateral suscrito con el Gobierno y que comenzó a regir el pasado 1 de octubre.
“El Gobierno rechaza el asesinato de líderes, en este caso del gobernador Isarama Forastero; esperamos la comunicación del Eln permita a las autoridades avanzar rápidamente en su investigación para que se produzca la actuación judicial oportuna y se condene a los responsables”, declaró la Oficina del Alto Comisionado, que ratificó el cese al fuego bilateral y temporal, el cual está previsto hasta el próximo 12 de enero de 2018.
“Ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del cese al fuego de forma unilateral y automática. La mesa de conversaciones evaluará toda la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones que correspondan frente a la continuidad del cese al fuego”, agregó la Oficina, que advierte también que la mesa adoptará las medidas correctivas para fortalecer los procedimientos que se llevan a cabo en el marco del cese al fuego.
Pasada casi una semana del homicidio de Aulio Isarama Forastero, el Eln admitió su responsabilidad en el crimen, lo que se configuraría además como el primer hecho violatorio del cese al fuego. Según la guerrilla, inicialmente Isarama fue retenido por sospecha de ser un informante de las autoridades y por informes que advertían que tenía vínculos con la inteligencia del Ejército. Tras su detención, fue conducido a una zona desconocida donde sería interrogado. Sin embargo, durante el trayecto, el gobernador “se niega a caminar y se abalanza sobre uno de nuestros guerrilleros, con el trágico desenlace conocido”, dice el Eln.
La guerrilla sostiene que no había orden ni autorización para atentar contra Isarama y detalla que su retención solo tenía fines ‘investigativos’. Por ello, lamenta el hecho y pide perdón por el homicidio no solo a los familiares del gobernador indígena, sino a las comunidades del departamento del Chocó.
En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz insta a analizar las palabras de reconocimiento y petición de perdón por parte del Frente Occidental del Eln (responsable del crimen) y su compromiso de no repetición de hechos como este. No obstante, el Gobierno señala que la guerrilla tendrá que implementar acciones concretas para garantizar que “hechos tan dolorosos como éste no vuelvan a repetirse” y para que los responsables del asesinato sean puestos a disposición de las autoridades.
“El cese al fuego no suspende ni limita de ninguna manera la función constitucional de la Fuerza Pública; por tanto, continuará actuando en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad y protección de los derechos de todos los colombianos”, precisa la Oficina del Alto Comisionado.
NV1/El Espectador
